MADRID.— El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. En una sesión parlamentaria clave, la Cámara ha certificado la derogación de la norma por un resultado de 184 votos en contra frente a 166 a favor, sin que se haya registrado ninguna abstención. Con este resultado, el texto pierde de manera inmediata la vigencia legal que mantenía de forma provisional desde su aprobación por el Consejo de Ministros.
Claves del decreto que queda sin efecto
El rechazo parlamentario frena la aplicación del conjunto de medidas con las que el Ejecutivo pretendía incidir en el mercado inmobiliario:
- Contratos de alquiler y control de precios: Queda anulada la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual a su vencimiento, así como los límites legales establecidos para evitar incrementos en la renta mensual.
- Protección frente a desahucios: Decae la extensión de la moratoria de lanzamientos para hogares e individuos en situación contrastada de vulnerabilidad económica y social sin alternativa habitacional.
- Alquileres de temporada y turísticos: Se detiene el marco regulatorio específico ideado para evitar el uso del alquiler por habitaciones o de corta estancia como vía de elusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, además de la aplicación de un IVA del 10% a las viviendas de uso turístico.
Acceso a la compra: La derogación afecta asimismo a la puesta en marcha de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al 0% de interés orientada a financiar la entrada para la adquisición de primera vivienda por parte de jóvenes y familias.
Resultado detallado de la votación
La votación ha reflejado una clara división en el hemiciclo sin margen para la indefinición:
- Votos a favor: 166
- Votos en contra: 184
- Abstenciones: 0
- Total de votos emitidos: 350
Implicaciones del resultado
La derogación del Real Decreto-ley supone el regreso inmediato del mercado inmobiliario al marco legal regulatorio previo a la promulgación de la norma. Desde el punto de vista jurídico, las operaciones, contratos y renovaciones que se formalicen a partir de este momento volverán a regirse exclusivamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en su redacción anterior.
En la práctica, la falta de convalidación abre un escenario de ajuste para arrendadores e inquilinos que se encontraban en fase de negociación o renovación de contratos, al tiempo que traslada de nuevo al debate parlamentario la necesidad de articular amplios acuerdos mayoritarios si se busca tramitar futuras iniciativas legislativas en materia habitacional.
Lucía Serrano
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